Así consta en una sentencia, en la que los magistrados estiman el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación El Defensor del Paciente contra la desestimación de la reclamación de la responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De este modo, se reconoce a la parte afectada una indemnización de 275.000 euros por los daños ocasionados en concepto de principal más los intereses legales.